24 de julio de 2023
Se ha puesto en marcha el proceso de prórroga, un año más, del Decreto de limitación de grupos turísticos en Ciutat Vella. Previsiblemente, entrará en vigor a principios de septiembre y será vigente hasta septiembre del 2024, con el objetivo de mantener el equilibrio entre la actividad económica y la vida de la ciudadanía de este distrito.
El texto del nuevo Decreto de limitación de grupos turísticos en Ciutat Vella mantiene la regulación actual, que entró en vigor en marzo y establece que los grupos no pueden superar las veinte personas y que no se puede superar el aforo establecido en algunas plazas y calles del distrito, especialmente en lugares con una gran afluencia de personas por su interés turístico.
Se seguirán estableciendo aforos limitados de grupos en determinados espacios, como:
- Plaza de Sant Jaume (máximo 8 grupos)
- Plaza Reial (máximo 8 grupos)
- Plaza del Rei (máximo 5 grupos)
- Fossar de les Moreres (situándose en los bordes, máximo 3 grupos)
- Paseo del Born (máximo 3 grupos)
- Fachada de Santa Maria del Mar (máximo 3 grupos)
- Plaza del Pi (máximo 3 grupos)
- Plaza de Sant Felip Neri (máximo 2 grupos)
- Plaza de Isidre Nonell (máximo 2 grupos)
- Calle de Salomon ben Adret / placita de Manuel Ribé y sus entornos (máximo 2 grupos)
- Plaza de la Barceloneta (máximo 1 grupo)
- Fachada del Palau de la Música (plaza de Lluís Millet, máximo 1 grupo)
El texto de la normativa establece aforos máximos en los espacios y los monumentos que requieren una explicación in situ, la cual tendrá que ser breve en días de mucha afluencia de grupos, y prohíbe el uso de los altavoces para las explicaciones, para fomentar el uso de radioguías y minimizar el impacto acústico de los visitantes.
Desde que el Decreto se puso en marcha, en el mes de marzo, varias parejas de agentes cívicos recorren las calles del distrito para informar a los y las guías sobre el contenido de la norma y comunicar si esta norma se ha incumplido a la Guardia Urbana, que es la encargada de expedir las sanciones in situ.
El incumplimiento del Decreto se puede sancionar con hasta 1.500 euros y con hasta 3.000 euros en casos de reincidencia.
